La FGR informó el lunes sobre el allanamiento de una bodega en la Ciudad de México, operativo en el que aseguró armas, documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales, además de expedientes relacionados con altos mandos de la Secretaría de Marina.
El despacho de Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna, señaló este martes que insistirá en solicitar la comparecencia de Ojeda Durán como testigo dentro del proceso.
La defensa pretende que el ex titular de la Marina aclare qué información tenía sobre las presuntas irregularidades investigadas y, particularmente, si recibió al Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo.
DOCUMENTOS BAJO DISPUTA
Los abogados rechazaron que la documentación asegurada pueda ser atribuida directamente a los hermanos Farías Laguna.
“Los documentos que la Fiscalía pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando, sino por el ex Secretario de Marina”, sostuvo la defensa.
Agregó que la comparecencia de Ojeda Durán permitiría establecer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió y cuáles fueron las acciones que emprendió.
“Rafael Ojeda Durán deberá comparecer, luego de que la defensa solicitara su declaración como testigo. La defensa busca conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió; particularmente, si es verdad o no que recibió al contralmirante Rubén Guerrero”, indicó.
CUESTIONAN HALLAZGOS DEL CATEO
Mendieta aseguró también que entre los objetos localizados en la bodega únicamente fueron asegurados una bayoneta modelo 1954, calibre 7.62, y un espadín que, según explicó, Farías Laguna utilizaba durante desfiles cuando era cadete.
Los defensores cuestionaron además que la Fiscalía presentara como un nuevo hallazgo el cateo del inmueble arrendado por el Vicealmirante, pues afirmaron que la orden judicial correspondiente fue ejecutada desde el pasado 1 de febrero.
La representación legal solicitó tener acceso completo a la carpeta de investigación y a los documentos que permanecen en poder de la Secretaría de Marina.
También pidió revisar los criterios utilizados para determinar la reserva o clasificación por razones de seguridad nacional de la documentación vinculada con el caso, particularmente aquella que pueda resultar necesaria para esclarecer los hechos.
PIDEN AMPLIAR INVESTIGACIÓN
La defensa argumentó que una operación de contrabando de combustibles de las características investigadas habría tenido que superar controles, inspecciones, autorizaciones y registros correspondientes a siete dependencias y entidades del Gobierno federal.
Por ello, consideró necesario que las autoridades agoten todas las líneas de investigación y establezcan de manera individual las posibles responsabilidades de quienes hayan intervenido.
Los abogados sostuvieron que ese análisis deberá realizarse bajo las garantías del debido proceso y con acceso a las evidencias que forman parte de la investigación.
