El posible uso de fracking o fracturación hidráulica en la Huasteca Potosina mantiene preocupación entre organizaciones sociales y comunidades indígenas, luego de que estudios de exploración identificaran zonas con presencia de hidrocarburos que únicamente podrían extraerse mediante este método.
Así lo señaló Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina e integrante de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina, quien explicó que actualmente el tema permanece en etapa de identificación y exploración de yacimientos.
Detalló que trabajos realizados desde las décadas de 1980 y 1990 permitieron ubicar hidrocarburos atrapados en roca madre a profundidades de hasta ocho kilómetros dentro de yacimientos no convencionales.
Indicó que, para liberar esos hidrocarburos, el único método disponible sería la fracturación hidráulica, proceso que requiere enormes cantidades de agua dulce, arena y sustancias químicas.
Explicó que por cada pozo podrían utilizarse entre 29 y hasta 80 millones de litros de agua, además de más de 750 compuestos químicos considerados altamente tóxicos.
RIESGO PARA AGUA Y SUELO
Según explicó, la arena utilizada permite mantener abiertas las fracturas generadas en la roca para facilitar el paso del gas y petróleo hacia la superficie.
Sin embargo, advirtió que uno de los principales riesgos consiste en que parte de los hidrocarburos y gases liberados no regresen completamente por los ductos principales y terminen filtrándose lentamente hacia acuíferos, ríos, manantiales, arroyos, suelo y aire.
También señaló que el metano representa una de las principales preocupaciones debido a su impacto contaminante.
Rogel del Rosal Valladares afirmó que los polígonos denominados Castaña y Maguey, asignados a Pemex, abarcan alrededor de 4 mil 444 kilómetros cuadrados e incluyen porciones de 17 municipios de la Huasteca Potosina, además de zonas de Hidalgo y Veracruz.
Precisó que en estas áreas existen 367 comunidades nahuas y tének que podrían verse afectadas.
ACCIONES LEGALES
Añadió que la preocupación también se centra en el impacto sobre ríos, corrientes y cuerpos de agua de la región, debido a que las afectaciones no solo serían ambientales, sino también económicas y sociales.
Indicó que una eventual contaminación impactaría actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, turísticas y el suministro doméstico de agua.
Asimismo, señaló que las comunidades indígenas aún no han sido consultadas formalmente sobre estos proyectos, pese a que, dijo, existe obligación de realizar consultas previas, libres e informadas.
Comentó que actualmente se trabaja en la organización de asambleas agrarias y comunitarias para que las poblaciones elaboren actas con sustento legal que permitan defender sus territorios y promover recursos jurídicos, entre ellos juicios de amparo, en caso de que se pretenda avanzar con proyectos de extracción.
También indicó que buscarán que los ayuntamientos emitan acuerdos para impedir cambios de uso de suelo en zonas consideradas de riesgo.
Finalmente, adelantó que el próximo 5 de junio se realizará una asamblea en la que participarán científicos, investigadores, especialistas y representantes comunitarios.
