El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sí tendrá impacto político rumbo a la elección de 2027, aunque el tamaño de esa influencia dependerá de qué tanto logren acreditarse judicialmente presuntos vínculos y complicidades entre actores políticos y grupos del crimen organizado.
Así lo consideró Carlos Piedra, consultor senior de riesgo político de Integralia, al analizar las recientes investigaciones, acusaciones y operativos abiertos en Estados Unidos relacionados con presuntos nexos entre estructuras criminales y funcionarios públicos mexicanos, que por el momento involucran al gobernador de Sinaloa y a su círculo cercano, pero hay versiones de que vienen más casos en camino.
El especialista explicó que el embate de agencias estadounidenses contra líderes criminales mexicanos y sus redes políticas de protección colocaron nuevamente el tema de seguridad en el centro de la discusión pública nacional.
La crisis escaló al cierre de esta edición impresa, el fin de semana, luego de que funcionarios cercanos al círculo político de Rocha Moya, entre ellos Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, se entregaron a los EUA, para ser testigos protegidos, por lo que podrían poner al descubierto el modus operandi del grupo Sinaloa.
Piedra señaló que los señalamientos por sí solos no representan automáticamente un costo electoral para Morena y la Cuarta Transformación.
Sin embargo, advirtió que sí podría existir una afectación política profunda si las investigaciones derivan en pruebas judiciales sólidas, responsabilidades acreditadas y una narrativa creíble frente a la ciudadanía.
“El impacto dependerá de que existan investigaciones sólidas y consecuencias legales concretas”, expuso.
SEGURIDAD MARCARÁ CAMPAÑAS
El consultor sostuvo que rumbo a 2027 la seguridad escala como uno de los temas prioritarios en las campañas, especialmente en entidades con fuerte presencia del crimen organizado como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Tamaulipas.
No obstante, precisó que el impacto será en todo el país y en los estados con elecciones de gobernador en 2027.
Explicó que ya no solo influirán variables como la economía, los programas sociales, la aprobación presidencial, de gobernadores, de los partidos y los perfiles que competirán en candidaturas.
Tendrá un gran peso el hecho de que los partidos presenten candidatos limpios, al margen de sospechas.
En los estados con elecciones, como es caso de San Luis Potosí, el tema podría impactar particularmente en la discusión sobre seguridad regional, vigilancia de perfiles políticos, financiamiento de campañas y capacidad de los partidos para blindar candidaturas frente a posibles señalamientos.
MORENA, BAJO PRESIÓN
Respecto al impacto para Morena y la coalición gobernante, Carlos Piedra indicó que el escenario representa tanto riesgos como oportunidades políticas.
Explicó que la narrativa de soberanía nacional y cooperación con Estados Unidos sin subordinación podría fortalecer al oficialismo si logra mantener estabilidad política y mostrar resultados en materia de seguridad.
Sin embargo, advirtió que el costo político crecería si la ciudadanía percibe vínculos comprobados entre autoridades locales y grupos criminales o una pérdida de control frente a la violencia en regiones gobernadas por el partido oficial.
Sobre la oposición, consideró que existe una oportunidad para posicionar los temas de seguridad y corrupción en la agenda pública.
Aunque también señaló que enfrenta limitaciones importantes, debido a que diversos actores opositores han sido cuestionados en distintos momentos por presuntos vínculos con grupos criminales.
Por ello, dijo que la oposición necesitará construir una narrativa creíble, impulsar candidaturas con arraigo ciudadano y evitar que sus posicionamientos sean percibidos como subordinados a intereses extranjeros.
EL CASO PUEDE ESCALAR
Carlos Piedra afirmó que el Gobierno Federal deberá mantener una estrategia de manejo de crisis basada en la diplomacia, la cooperación bilateral y el fortalecimiento institucional para contener posibles costos políticos rumbo a 2027.
