La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer los derechos de las mujeres que se encuentran en situación de violencia, particularmente en materia de no revictimización, protección de la identidad y los datos personales, así como en la forma en que las instituciones se comunican con ellas.
La legisladora explicó que la iniciativa busca establecer expresamente el derecho de las mujeres a no ser revictimizadas y a evitar la repetición innecesaria de información que ya obre en los registros institucionales. Esto, con el propósito de impedir que tengan que narrar una y otra vez la misma situación debido a que las instituciones no cuentan con mecanismos adecuados de coordinación.
“La propuesta no pretende eliminar la necesidad de recabar información cuando sea indispensable para una investigación o procedimiento, sino evitar aquellas solicitudes repetitivas que no aportan realmente a la atención del caso y que pueden generar desgaste emocional en la mujer”, señaló.
Asimismo, se plantea fortalecer el derecho de las mujeres a recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el avance de los trámites judiciales y administrativos.
La propuesta establece que la información debe ser accesible y comprensible, pues de poco sirve que exista un derecho reconocido en la ley si, en la práctica, la persona no puede conocerlo o entender las actuaciones que se realizan en su nombre.
De igual manera, se propone precisar la protección de la identidad de las mujeres, sus familias y sus datos personales, incluidos los datos de contacto, ubicación y aquellos cuya divulgación pueda generar un riesgo para su seguridad o la de las víctimas indirectas.
La iniciativa también incorpora como derecho de las mujeres recibir comunicaciones de las instituciones de manera segura y confidencial, así como elegir, cuando sea posible, el medio por el cual desean comunicarse con las autoridades encargadas de atender su caso.
La legisladora señaló que estas medidas buscan fortalecer la protección, la seguridad y la atención de las mujeres y niñas que se encuentren en situación de violencia, particularmente frente a los riesgos derivados de la comunicación institucional y del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Finalmente, la iniciativa se turnó a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis.
