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Sección: SLP Exprés
Impugnan ante juzgado nombramiento de contralora de la ASE
03/08/20 | 12:41 | Por: Pepe Alemán
Rosalba Salazar tiene una afiliación política, aseguró Carlos A. Castillo, quién también contendió por el cargo.
Por su filiación con el partido Morena y por considerar que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de San Luis Potosí actuó sin observar el marco de la ley, el nombramiento de la nueva titular de la Unidad de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Rosalba Salazar Miranda fue impugnado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado mediante el Juicio de Amparo 395/2020 promovido por Carlos A. Castillo Rodríguez, quien también contendió por el cargo.

El pasado 29 de junio, el Pleno del Congreso del Estado elija Salazar Miranda como nueva contralora de la ASE en medio de acusaciones de parte de organizaciones de la sociedad civil como la plataforma “Ciudadanos Observando” que la vinculaban en relación laboral y política con Morena, con el superdelegado federal Gabino Morales Mendoza e impulsada por el coordinador del Grupo Parlamentario Morenista, Edson de Jesús Quintanar Sánchez.

Este lunes, Carlos A. Castillo Rodríguez dio a conocer que ha recurrido al amparo de la justicia federal para detener el nombramiento, ya que a su criterio no se atendieron los términos de la propia convocatoria que emitió el Poder Legislativo “error que fue generado en la propia Comisión de Vigilancia por sus diputados, así como por sus onerosos y mal llamados asesores técnicos, y secundado por el pleno al momento de la designación de la Morenista-Gabinista Rosalba Salazar Miranda, contra las bases del concurso”.

El promovente aseguró que la nueva contralora de la ASE desde el 24 de noviembre del 2013 está afiliada a Morena y funcionaria de la Delegación del Bienestar, “tal parece que a todos los involucrados en esta farsa legislativa se les olvidó o de plano desconocen lo previsto por el Manual de Organización de la Auditoria Superior del Estado, que claramente prohíbe que cualquier servidor público pueda ocupar puestos como supervisor, coordinador, auditor especial, pasando por el propio Contralor Interno, no pueden ni deben pertenecer a ningún instituto político, por las implicaciones que en sus respectivos encargos pudieran realizar a favor de algún partido o bien, el realizar actos u omisiones en desventaja o perjuicio de corrientes ideológicas contrarias, como se ha comprobado en actuales hechos de corrupción, todo ello, en repercusión directa de la sociedad, al no existir la mínima credibilidad de las instituciones”, indicó.

Añadió que con el nombramiento se quebrantó el Artículo 89 Quinque fracción III de la propia Ley de Fiscalización, que prevé para este caso el no desempeñar o haberse desempeñado en un cargo de dirección en un partido político durante los últimos cinco años.

“Rosalba Salazar Miranda incumplió expresamente la Base Segunda letra “F” de la convocatoria cuestionada, la cual expresa que cada participante debió emitir una carta bajo protesta de decir la Verdad, relativa a conocer y cumplir con todos y cada uno de los requisitos de exigibilidad establecidos en el Artículo 89 Quinque”, culminó.
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